Todos tenemos clara la importancia de dar ejemplo. Como docentes, por ejemplo, las decisiones que tomemos, nuestra forma de actuar, el vocabulario que empleemos con los alumnos e, incluso, todo lo que rodea a nuestra persona, hace que lo anterior impregne parte del aprendizaje de nuestros alumnos. Sí, los alumnos toman ejemplo de lo que ven. Nosotros sólo somos una pequeña parte de la gran cantidad de inputs que reciben pero, seguramente, esa pequeña parte va a formar parte de un “todo” que configurará la personalidad y las maneras de hacer de los alumnos en un futuro. Si todo el mundo tira papeles en el suelo, la gente va a seguir tirando papeles. Si hay una parte importante de la población que defiende el machismo, la sociedad va a seguir siendo machista. Si hay una visión mayoritaria que el pagar en negro (o en B) es una práctica extendida, la práctica va a asimilarse como algo normal. Y al final, la única forma que va a tener la sociedad para luchar contra lo anterior va a ser la “obligación” impuesta o la “penalización” de esas conductas asumidas como normales que, por desgracia no lo son. Penalización que, por desgracia, parece que tenga más afección sobre unos que sobre otros. Y, al final, esa variabilidad de la misma hace que tampoco llegue a ser totalmente efectiva.
¿A qué viene lo anterior? Pues viene de la noticia que un tribunal de la India ha sentenciado “obligar a los funcionarios públicos de su país a asistir a escuelas públicas” bajo la justificación de que “en la actualidad, el Estado dispone de un sistema educativo tridimensional compuesto por escuelas anglófonas, escuelas privadas y escuelas públicas. La educación pública solo puede mejorar si se obliga a los funcionarios del Gobierno a enviar a sus hijos a estos centros escolares” (fuente). Así pues se obliga a los funcionarios públicos de ese país a usar servicios públicos con la justificación de la ejemplarización de dicha decisión.
Ello me lleva a plantearme la “necesaria” obligación de los funcionarios públicos españoles (entre los que se encuentran los docentes) de usar los servicios públicos. Por desgracia, hay muchos servidores públicos que huyen de la educación o sanidad pública para acudir a entidades que ofrecen los servicios anteriores bajo el régimen de conciertos. Centros privados que acogen a una ingente cantidad de funcionarios que, curiosamente, están impartiendo docencia en una tipología de centros que no quieren para sus hijos. Sí, la realidad es la que es. Un funcionario que lleva a sus hijos a un centro educativo privado lo hace porque no cree en la escuela pública. Algo realmente peligroso por el ejemplo que da. Algo que debería subsanarse porque, si un servidor público (y en este caso también incluiría a los políticos que ocupan cargos) no usa los servicios que, supuestamente, gestiona o trabaja en ellos es que hay algo que está fallando en el sistema.
Si hablamos de la elección de centro educativo privado (incluye a los concertados) por parte de algunos docentes de la pública, donde ya nos preguntamos que hay algo que chirría en exceso, es cuando vemos que más de un 80% de los funcionarios huyen de la sanidad pública para optar por un centro sanitario concertado. Sí, ADESLAS, ASISA, DKV y muchas otras compañías recogen a la inmensa mayoría de funcionarios en sus mutuas. Algo que, por desgracia, hace que sea imposible defender un servicio público de calidad porque, tan responsable es el funcionario público que elige servicios básicos privados como el político que beneficia a dicho entramado.
Por tanto que nadie me intente justificar lo anterior como un ahorro a las arcas del Estado ni que ningún funcionario, de esos que han elegido servicios privados, me venga a decir que la decisión de escolarizar a su hijo en un centro educativo privado lo hace porque no tiene ningún centro público cercano a su domicilio (hay algunos que tienen uno público al lado de casa y los llevan a la otra punta de la ciudad por no querer que se mezcle con determinados compañeros). Tampoco me sirve el tema sanitario porque, de clínicas privadas no hay en los pueblos y, sólo, algunos médicos a horas que hacen horas extras en su consulta privada que combinan con su trabajo en la pública. No, no me sirve lo de la mejor atención. Lo que quizás lo justifica es que hay mucho infiltrado en los centros públicos (por hablar de lo que conozco más de cerca). Infiltrados que, con su ejemplo, hacen mucho daño a los servicios públicos. Unos servicios que deberían ser de todos y para todos. Unos servicios para mi gusto excelentes que, podrían mejorar aún mucho más si se obligara a los funcionarios, una vez aprueban las oposiciones y van a trabajar el resto de su vida como servidores públicos, y a los políticos que gestionan los diferentes servicios, a escoger centros públicos para escolarizar a sus hijos y sanidad pública para ellos y sus retoños. Por cierto, si después de legislar lo anterior alguien no quiere cumplirlo, se le puede enseñar la puerta…
Dar ejemplo es siempre más importante que hablar de ejemplos de terceros porque, ¿alguien se imagina a un vendedor de un concesionario Mercedes acudiendo a trabajar con un BMW?
